«Desde el Gobierno de Canarias seguimos ampliando esfuerzos y recursos para mejorar la atención a las personas y familias vulnerables de nuestra tierra, para ello, hemos incorporado a un nuevo equipo de profesionales que permitirán agilizar la resolución de los expedientes de la Renta Canaria de Ciudadanía y que esta ayuda llegue a un mayor número de familias», afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.
La incorporación del nuevo equipo, conformado por un grupo de nueve profesionales técnicos que realizarán labores administrativas en la empresa pública Gestur Canarias, permitirá la agilización de la grabación de datos para completar los expedientes de demandantes de la ayuda social para que el equipo de la Dirección General de Servicios Sociales pueda valorar y resolver en el menor plazo de tiempo posible. Para la contratación de este nuevo personal se ha destinado una partida de más de 250.000 euros.
«Nuestro objetivo es llegar a quienes todavía puedan continuar fuera de este paraguas de protección social, especialmente población joven y personas con trayectorias migratorias, de ahí la importancia de ampliar financiación y personal para lograr dar cobertura a cuanta más personas, mejor», subrayó Delgado, quien afirmó que «la renta canaria se ha consolidado en su papel de complemento del Ingreso Mínimo Vital y en uno de los pilares clave del sistema de protección social en las islas y de trabajo a favor de la inclusión social en nuestra tierra».
«En nuestra comunidad, la Renta Canaria de Ciudadanía es un derecho estable mientras dura la situación de pobreza o exclusión», aclaró la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, quien recordó que a través de esta ayuda se ofrece un colchón económico a casi 13.000 hogares canarios en situación de vulnerabilidad social o en riesgo de pobreza.
Con esta medida, el Ejecutivo canario refuerza la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía, que ya supera los 106 millones de euros en ayudas, «con lo que esta prestación se consolida como una red de apoyo para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad», concluyó Delgado.
La Renta Canaria de Ciudadanía constituye un derecho subjetivo en aplicación de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, que se mantiene mientras persista la situación de necesidad, sin límite temporal cerrado, a diferencia de modelos que sólo permiten percibir la renta durante unos meses, lo que ofrece seguridad a las familias. Además, la percepción de esta prestación se vincula a la inscripción en los servicios de empleo y a la participación en programas de inserción socio-laboral, con lo cual se concibe, no solo como una ayuda económica, sino también como una vía para la inclusión social de sus perceptores.
